ANÁLISIS SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REFORMULADO 2026

El proyecto de ley presentado muestra un cambio en el enfoque económico de la administración actual hacia una política de austeridad del aparato estatal. El documento nos dice que se buscan corregir gastos sobreestimados y evitar el financiamiento por medio del Banco Central. El monto aprobado para modificaciones es de Bs. 7.472.431.596; a continuación, se realiza un análisis detallado de las modificaciones realizadas al Presupuesto General del Estado (PGE).

Primero, vemos una caída fuerte de los ingresos corrientes en el presupuesto, exactamente de Bs. 11.201.165.902. Esta caída en los ingresos corrientes parece estar asociada a una corrección de los ingresos ficticios o sobreestimados, como ser los bonos de carbono. En total se ve una reducción de la cuenta “Otros Ingresos Corrientes” en Bs. 14.545.970.753, es razonable inferir que una buena parte de esta reducción corresponde a los “ingresos ficticios” previamente mencionados.

Sin embargo, se observa un aumento de las “Fuentes Financieras” en Bs. 18.810.170.046, lo cual indica un reordenamiento del financiamiento; el ajuste interno es apoyado principalmente con recursos externos. La evidencia a este último punto lo vemos en el Flujo Financiero, aquí vemos un aumento del financiamiento externo en Bs. 9.269.290.144 y una disminución clara del financiamiento interno de Bs. 8.519.864.357 (el monto no toma en cuenta a las entidades financieras); esto evidencia un cambio en la composición del financiamiento fiscal, reduciendo la dependencia del financiamiento interno y aumentando el peso relativo del financiamiento externo.

Un punto clave es que reducir el gasto diario no significa que todo el gobierno se contraiga de la misma manera. Aunque el gasto total disminuye, hay algunas áreas que aumentan, como los sueldos de los empleados, los bienes y servicios que se compran, y otros gastos diarios. Por tanto, el ajuste corriente parece explicarse principalmente por la reducción de transferencias e intereses, mientras que el gasto operativo muestra señales de expansión en determinadas partidas.

Asimismo, se observa una reducción significativa del gasto de capital en el presupuesto de Bs. 7.330.538.480; de este monto la reducción en proyectos de inversión presupuestado supone más de 4.800 millones de bolivianos. En el Flujo Financiero se traduce como una reducción de la inversión real directa equivalente al 1.4% del PIB o Bs. 7.133.882.887. En base a esto, vemos que el ajuste fiscal recae sobre los proyectos de inversión, priorizando la consolidación fiscal y la reducción de presiones sobre las cuentas públicas. Un dato curioso que recalcar es que, a nivel agregado, no se observa una reducción de remuneraciones; por el contrario, el Flujo Financiero muestra un incremento de Bs. 741,9 millones. Esto genera una tensión entre el discurso de racionalización de la masa salarial y la composición efectiva del ajuste; únicamente se observa reducciones en las empresas públicas. El hecho no tiene una interpretación monetaria como tal, pero refleja el bajo compromiso de parte del aparato estatal para mejorar la confianza; no ante la comunidad internacional sino para con la población que debe resistir las repercusiones del ajuste.

La modificación también revela un cambio relevante en la composición del gasto. Mientras los proyectos de inversión se reducen en Bs. 4.824 millones, los gastos sin proyectos aumentan en Bs. 12.296 millones. Esto indica que la reducción del gasto afecta principalmente a la inversión pública, mientras que otros gastos que no están directamente ligados a proyectos aumentan. En consecuencia, la austeridad fiscal no parece estar distribuida de manera uniforme, sino concentrada principalmente en la inversión

En términos de déficit, vemos que se espera un aumento de este en Bs. 749.425.787; es decir, un 0.15% del PIB. Este déficit será financiado por medio de principalmente el aumento y manejo de pasivos. Se proyecta una reducción de los pagos en amortización de la deuda externa en Bs. 275.709.263 y un aumento de la deuda externa de Bs. 8.993.580.881; además, el financiamiento interno se reduce en Bs. 8.519.864.357. En base a estas cifras podemos observar dos cosas: 1) dado que el déficit de las modificaciones asciende a Bs. 749,4 millones y las remuneraciones aumentan en Bs. 741,9 millones, una contención de este rubro habría reducido sustancialmente la necesidad de financiamiento neto. Sin embargo, el documento no permite afirmar que esa reducción fuera plenamente viable, debido a las excepciones establecidas para salud, magisterio, Fuerzas Armadas y Policía. 2) el resultado difiere mucho de lo dicho por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando afirmaban que las modificaciones reducirían el déficit de un 15% a un 9% en las proyecciones; no solo no se llego a la cifra, sino que el déficit aumento.  Es más, el déficit se debe únicamente al resultado proyectado del órgano ejecutivo que supone un déficit de Bs. 9.042.046.610, mientras que todos los demás componentes del Estado (incluidas las empresas públicas) muestran resultados positivos. Nuevamente es preciso contrastar las palabras del ministro cuando afirmaba que la reducción en déficit se debía principalmente a la labor del ejecutivo.

Finalmente, el proyecto introduce medidas de reorganización institucional. La posibilidad de reorganizar, disolver o liquidar empresas públicas, el cierre de fideicomisos públicos de baja ejecución o sin prioridad fiscal, y la conversión de obligaciones del FINPRO a moneda nacional muestran que el ajuste no se limita al flujo anual del presupuesto, sino que busca intervenir estructuras que pueden representar riesgos fiscales acumulados. El documento también intenta equilibrar el ajuste fiscal con medidas de compensación social. Se menciona un adicional a la Renta Dignidad, el incremento del Bono Juancito Pinto, la creación del PEPE y el aumento del Salario Mínimo Nacional.