SITUACIÓN JURÍDICA DE BOLIVIA EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

Por José Luis Cassab Ponce de León, Gerente de Asuntos Legales – ICAM

Nos encontramos en vísperas de celebrar los 200 años de nuestra independencia, hito trascendental y punto de partida en la historia de nuestro país que fue posible gracias a la valentía, organización, disciplina y perseverancia de nuestros libertadores y próceres, pero sobre todo de aquellos héroes anónimos pertenecientes al pueblo que dejaron su vida, o parte de ella, en la lucha contra la injusticia, la explotación, los tributos desproporcionados y la falta de libertad para tomar decisiones y construir un destino propio.

No es intención del presente artículo enumerar todas las normativas de índole laboral, tributaria, administrativa, comercial, regulatoria, o de cualquier otra naturaleza, emitida en las últimas décadas para determinar si favorece o perjudica al sector empresarial, aunque seguramente encontraremos que muchas de las medidas que actualmente asfixian y presionan a la economía formal, gozaron de cierta “popularidad” en algunos sectores (o más bien dirigencias), que más allá de pensar en las nocivas consecuencias económicas a mediano y largo plazo, buscaron antagonizar al sector empresarial con fines políticos, electorales o por beneficios personales mezquinos, intentando instalar una falsa idea de que los empleadores son los malos, que velan por sus propios intereses, que son abusivos y deben ser vistos como enemigos del pueblo especialmente por los trabajadores; cuando en realidad los empresarios son el pilar fundamental de la economía del país, el principal generador de empleos dignos, con aportes a la seguridad social, respeto a los derechos laborales y la remuneración justa. Además, son ellos quienes pagan los impuestos a través de los cuales (idealmente) se ejecutan obras y políticas públicas, que buscan satisfacer las necesidades básicas de la población a expensas de su propio bolsillo.

Si bien no vamos a enlistar la gran cantidad de calamidades que debe atravesar un empresario para sobrevivir (ya no digamos prosperar) en nuestro país, es necesario reflexionar sobre dos aspectos que, personalmente, considero como los más apremiantes para empezar a solucionar en nuestro bicentenario y de esta manera, trabajar por un futuro mejor para las próximas generaciones.

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La crisis en el sistema de administración de justicia es tan seria y profunda, que se ha hecho evidente no solamente para los abogados, sino para cualquier persona, inclusive para organismos internacionales. Esta crisis deriva en problemas tales como la falta de seguridad jurídica, la politización de la justicia, corrupción, manipulación, vulneraciones a principios y garantías constitucionales, entre muchas otras consecuencias que, lamentablemente, se han ido enraizando en la cotidianidad. Es por esto que, sin lugar a dudas, la administración de justicia debe ser un tema central de discusión en nuestro bicentenario, y el debate debe comenzar con uno de los principales instrumentos generadores de problemas en nuestro país, la Constitución Política del Estado.

A pesar de que el texto constitucional se encuentra en lo más alto de nuestra jerarquía normativa, este es vulnerado constantemente e interpretado de forma antojadiza por gran parte de las autoridades para satisfacer deseos personales, justificar actos deleznables, seguir lineamientos políticos, legalizar la comisión de delitos y condenar la lucha de causas justas. Más allá del contexto político que se vivió durante la elaboración y aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, creo que se ha experimentado demasiado con nuestra norma fundamental, pues bajo excusas de modernidad, inclusión, progresismo, disrupción, y otros rótulos falsos que tanto se enaltecieron los últimos 20 años, se han implementado -por no decir impuesto- aberraciones jurídicas como la elección de las autoridades judiciales por sufragio universal.

No podemos jactarnos de que nuestro sistema de administración de justicia fue perfecto antes de la Constitución de 2009, pero es palpable para nuestra sociedad el deterioro que ha sufrido a partir de la vigencia del texto constitucional y de la nueva forma de elección de las altas Autoridades del Órgano Judicial, que dicho sea de paso, no tiene parangón en el mundo, pues nadie se ha animado a probar tan extraña y desatinada receta para elegir a sus administradores de justicia, salvo México, donde se tendrá una primera experiencia el próximo 01 de junio.

En Bolivia, hemos experimentado de primera mano las consecuencias de esta forma de elección de Autoridades Judiciales: Las percibimos en la basura que inunda las calles de Cochabamba de manera impune, afectando la salud de la población; Las sentimos en los bloqueos criminales que generaron crisis, desempleo, cierre de empresas y el alza de precios en productos de la canasta básica que no volvieron a bajar; Las criticamos cuando se persigue de manera implacable a los adversarios políticos o ideológicos, pero para la población en general es normal esperar años para obtener justicia, si es que tiene la suerte de conseguirla; También nos indignamos cuando las autoridades judiciales no cumplen los plazos procesales de nuestra causas, pero en realidad, ni siquiera les interesa cumplir con los plazos establecidos de su mandato.

Es indispensable que se modifique en nuestra Constitución, el experimento fallido de las elecciones judiciales por sufragio universal, pues la administración de justicia no puede estar involucrada a un acto político. La altísima responsabilidad de otorgar a cada quien lo que por ley le corresponde, definición de justicia atribuida a Ulpiano, debe ser ejecutada por autoridades que lleguen a tan importante posición única y exclusivamente por el camino del mérito propio, por profesionales de trayectoria intachable y con conocimientos tan sólidos, que sus resoluciones, en sí mismas, sean una lección sobre el derecho y su aplicación. Al impartirse justicia, el Estado hace uso del monopolio de la fuerza que tiene dentro de su jurisdicción, por lo tanto, se involucra de manera directa en la vida y el accionar de sus habitantes, afectando sus derechos y sus libertades.

Si bien la Constitución Política del Estado y otras normas establecen que no se puede realizar campaña electoral a favor de los candidatos, quienes tampoco podrían pertenecer a organizaciones políticas, la experiencia nos ha mostrado una realidad totalmente diferente, como ya se ha expuesto de manera sucinta pero concreta en el presente artículo. En consecuencia, es menester que las propuestas o planes de gobierno incluyan cambios profundos en la forma de elección del Órgano Judicial, debiendo primar la meritocracia, la transparencia y la despolitización de la administración de justicia.

REFORMAS EN EL SISTEMA LEGAL

No solamente la forma de elección del Órgano Judicial es un problema para nuestra administración de justicia, no podemos olvidar la falta de recursos, la enorme carga procesal que se tiene en los tribunales, la insuficiente cantidad de salas, juzgados, fiscales, investigadores y funcionarios judiciales en general, especialmente en las capitales del país. Sin embargo, igual de apremiante que robustecer nuestro Órgano Judicial, es realizar reformas profundas en nuestro cuerpo legal, es decir, en las principales leyes o cuerpos normativos que regulan las distintas actividades y relaciones en nuestro país, esto debido principalmente a su anacronismo en la sociedad moderna.

La actual Ley General del Trabajo, por ejemplo, si bien ha sido complementada, reglamentada y modificada en incontables oportunidades y por disposiciones de todas las jerarquías normativas, entró en vigor el año 1939, constituyéndose en el principal instrumento normativo regulador de las relaciones entre trabajadores y empleadores por casi 90 años. Es irresponsable desarrollar nuestras relaciones laborales en el mismo marco legal utilizado durante la segunda guerra mundial. El mercado laboral actual exige dinamismo, flexibilidad y mayor productividad.

En los últimos años, el Estado se ha preocupado tanto por la estabilidad laboral y por congraciarse con los dirigentes de los trabajadores, que lo único que ha logrado es precarizar las condiciones del trabajo, incrementar la informalidad e intentar mostrar al sector empresarial como el culpable de todos los males que sufre el sector laboral, cuando la realidad es que las excesivas regulaciones, la falta de libertad contractual y claridad en las reglas del juego en materia laboral, y las exageradas cargas sociales y tributarias impuestas, han llevado a que menos del 20% de los trabajadores del país cuenten con fuentes formales y legales de empleo, con aportes a la seguridad social a corto y largo plazo, llevando a nuestra economía a récords de informalidad históricos, ahuyentando la inversión privada y restando competitividad a nuestras empresas frente a empresas extranjeras, o peor aún, frente a empresas estatales creadas con impuestos de los contribuyentes.

De manera coincidente, es urgente la necesidad de reformar el régimen tributario de nuestro país, para lo cual también es necesaria una reforma de la política fiscal. Sin embargo, en el presente artículo, trataremos específicamente el primer aspecto, es decir, el régimen tributario.

Actualmente, dependiendo del rubro o actividad económica a la que se dedican, se cobran más de 15 impuestos de alcance nacional a las empresas legalmente establecidas en nuestro país, entre los cuales están: IVA, RC-IVA, IUE, IT, ITF, ICE, ISAE, IEHD, IDH, IJ, IPJ, ITGB y el IVME; además de estos impuestos, existen impuestos de alcance Departamental, como el Impuesto a la Sucesión Hereditaria, a las donaciones, a la propiedad de vehículos automotores aéreos o acuáticos, entre otros; Además, se tienen impuestos de alcance Municipal, como el Impuesto a la Transferencia Onerosa de Bienes Inmuebles o de Vehículos, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles o de Vehículos; Por otro lado, existen también los gravámenes arancelarios a las importaciones y; Finalmente, podemos mencionar la enorme cantidad de patentes y tasas que se pagan por distintas actividades gravadas, como por ejemplo, las Patentes Municipales de Funcionamiento o de Publicidad, las tasas de alumbrado público, de alcantarillado, entre tantas otras, que parece que las cargas sobre la población podrían ser infinitas.

Este complejísimo universo de tributos, generan una presión fiscal y una carga tributaria enorme en las empresas que les resta competitividad y productividad, pues no solamente elevan los costos de los bienes y servicios comerciables en el mercado, sino que también requieren de la contratación de personal dedicado a cumplir, muchas veces de manera exclusiva, con las vastas exigencias legales impuestas por un Estado que no deja de crecer y exigir mayor cantidad de dinero a sus ciudadanos y empresas.

Por cada impuesto exigido, se gesta el inminente riesgo de ser sujeto de fiscalizaciones e imposición de multas, además de otras cargas por las cuales el sector informal de la economía y las actividades ilegales no se preocupa, creándose de esta manera una competencia desleal entre el formal y el informal; entre lo Hecho en Bolivia o lo importado legalmente, frente al contrabando; o lo que es peor, entre el empresario que paga sus impuestos al Estado, frente las empresas Estatales que subvencionan sus gastos con esos impuestos.

Es por eso, que debemos impulsar propuestas como la simplificación tributaria, tanto en la tramitología, como también en la carga tributaria propiamente dicha. Es decir que, cumplir con el pago de impuestos, debe ser una tarea sencilla para los contribuyentes y, adicionalmente, se debe disminuir la cantidad irrisoria de tributos que generan una presión fiscal agobiante para el sector formal. El Estado no debe concentrarse en asfixiar y generar fiscalizaciones excesivas, si no en ampliar el universo de contribuyentes, en implementar beneficios para incentivar la formalización de las empresas y en establecer con claridad el destino de los recursos recaudados.

Existen muchos otros aspectos de nuestra legislación que deben ser reformulados, analizados y actualizados, tales como el Código Civil y el Código de Comercio, ambos de casi medio siglo de antigüedad; El Código de Seguridad Social, vigente por casi 70 años y tan parchado como nuestra Ley General del Trabajo; La Ley de Promoción de Inversiones, que ha demostrado ser inaplicable, excesivamente burocrática y no condice con la falta de seguridad jurídica y excesiva carga tributaria y laboral en nuestro país, prueba de ello son las bajas cifras de inversión extranjera de los últimos años en comparación con la registrada en países vecinos; La Ley de Hidrocarburos, que se ha transformado en una camisa de fuerza para encontrar soluciones rápidas a la situación de escasez de combustibles, entre tantas otras disposiciones.

Sin embargo, a manera de conclusión, considero que la reforma del sistema legal, empezando por el ámbito laboral y el tributario, junto con la modificación de la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial, deben ser los temas centrales y principales de la discusión para las próximas elecciones, las cuales, además de ser las más importantes de las últimas décadas por la delicada situación que atraviesa el país, coinciden con el año de nuestro Bicentenario, por lo que deben ser un punto de inflexión para enfrentar seriamente y de manera responsable la crisis económica, social, política, e incluso moral, que aqueja a nuestra patria.